La guerra de los refrescos contra la salud

Coca-Cola y PepsiCo pagan millones de dólares a sociedades médicas y agencias del Gobierno de EEUU para rebatir su relación con la obesidad
bebidas azucaradas

QUIMA GANIVET | AGENCIAS

No era vox populi, pero se intuía. Las generosas cantidades económicas que las grandes empresas productoras de refrescos azucarados estadounidenses donan cada año a asociaciones científicas y médicas, además de a agencias del Gobierno de Estados Unidos, están definitivamente bajo sospecha. Tal vez, las grandes corporaciones como Coca-Cola o PepsiCo, acusadas en los últimos tiempos de inducir a la adicción en los consumidores por su alto contenido de azúcar en sus productos, se defenderán esgrimiendo los principios de la filantropía propios de ese país. Lo cierto es, sin embargo, que se ha publicado una lista con 96 nombres de instituciones dedicadas a velar por la salud que han recibido donaciones de ambas empresas.

La lista forma parte de un estudio publicado por el American Journal of Preventive Medecine, la revista de la asociación de medicina preventiva estadounidense. En el mismo, sus autores han identificado 29 acciones ejercidas de forma corporativa por ambas compañías contra políticas públicas de salud emprendidas tanto por diferentes entes de la administración pública como de organizaciones científicas y médicas del país. Los responsables del estudio califican dichas acciones como “lobby” contra la legislación sanitaria en Estados Unidos.

La perversión del sistema

El estudio publicado define la obesidad como un problema de salud pública que impregna todos y cada uno de los estamentos sociales en Estados Unidos y reclama medidas efectivas para hacer frente a lo que considera, al igual que se hace desde asociaciones científicas y médicas, una epidemia sin control. Una de las más obvias, asegura, es frenar el consumo de bebidas azucaradas. En particular, las colas, de amplia implantación de costa a costa.

Lógicamente, las principales compañías, Coca-Cola y PepsiCo, alientan su consumo y promueven campañas de publicidad y marketing que van en línea contraria a su consumo moderado. Los autores del estudio publicado citan la existencia de investigaciones previas cuyos resultados “sugieren” que ambas compañías, de facto, obstaculizan las intervenciones en materia de salud pública emprendidas por las agencias gubernamentales.

Los mecanismos empleados, describen, van más allá de las campañas de publicidad más o menos agresivas. De un lado, destacan sus acciones como lobby. Como tal, entorpecen y cuestionan abiertamente la oportunidad de marcos regulatorios que limiten la cantidad de azúcar en los refrescos o la prohibición de su venta en centros escolares. Del otro, invierten cuantiosas sumas de dinero en un lavado de imagen que persigue desvincular las bebidas azucaradas de la obesidad. En ese lavado de imagen se incluye la esponsorización de organizaciones científicas y médicas y de agencias gubernamentales. El objetivo no era otro que acallar voces discrepantes o, por lo menos, limitar el alcance de las críticas.

Las 96 instituciones listadas en el estudio, el primero de estas características que analiza el nivel de penetración social e influencia política de los fabricantes de refrescos, certifican lo que en algunos medios viene a ser algo así como la perversión del sistema. El estudio señala que entre 2011 y 2014, Coca-Cola destinó una media de 6 millones de dólares a este tipo de actividades, mientras que PepsiCo invirtió otrs tres. La Asociación de Bebidas de Estados Unidos destinó un millón.

Tabaco y alcohol

El caso guarda paralelismos evidentes con lo ocurrido hace años con la industria del tabaco y la del alcohol. Con respecto a la primera, se entabló una lucha encarnizada entre organizaciones de consumidores, organizaciones médicas y empresas para dirimir quien de ellos era el responsable de la adicción a la nicotina y la aparición de las múltiples enfermedades que se le asocian. Entre ellas, el letal cáncer de pulmón.

Como se recordará, la batalla se saldó con la prohibición de campañas publicitarias de las empresas tabaqueras en los medios de mayor difusión, la restricción de espacios públicos para fumadores y la inclusión de advertencias sanitarias en las cajetillas de cigarrillos, además de condenas multimillonarias por inducir a la adicción y causar la muerte de fumadores.

Con el alcohol ha pasado otro tanto. Y de los refrescos azucarados es muy probable que acabe sucediendo de igual modo, dado que la evidencia entre su consumo y la adicción es cada vez mayor y sus vínculos con la obesidad más que claros en términos de salud pública.

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