España emplea un 40% menos de semillas certificadas que Europa

El uso de semillas certificadas es bien visto por la mayoría de agentes implicados, aunque desde las organizaciones agrarias se critica el excesivo protagonismo que se arrogan los productores

La agricultura española utiliza en torno a un 32% de semillas certificadas, un porcentaje bajo en comparación con algunos países del entorno europeo en donde su uso llega hasta el 70 %, ha declarado  la directora de la Asociación Nacional de Espectores Vegetales (Anove), Elena Sáenz. Según ha explicado Sáenz, la situación ha mejorado gracias a acciones como jornadas de formación y campañas de comunicación, que ha permitido aumentar el uso de semillas certificadas en España, donde su utilización estaba en niveles del 18%.

Con estas acciones se ha conseguido que el porcentaje haya subido hasta el 32%, ha apuntado Sáenz, que ha añadido que “aún así hay mucho que avanzar, porque hay países del entorno europeo están en niveles del 50% al 70%, por lo que el objetivo de la asociación es alcanzar unos porcentajes similares.

La directora de Anove entiende que el convenio suscrito con otras entidades europeas recientemente va a beneficiar a los agricultores, que van a tener mejores variedades, así como a toda la cadena de transformación y al consumidor, porque se van a poder poner en el mercado productos mucho más saludables y con mayores garantías de calidad y trazabilidad a unos precios razonables. El objetivo es que los agricultores utilicen cada vez más este tipo de semilla, que permitirá “cumplir con la normativa de ámbito europeo”.

 “Nosotros obtentores, invertimos mucho dinero para poner en el mercado nuevas variedades vegetales y la gasolina que necesitamos para esa inversión es el cobro del canon por la semilla certificada de variedades protegidas”, ha señalado la directora de Anove. A su vez, los agricultores van a tener las mejores semillas disponibles, las mejores variedades “y eso se hace a través de la investigación y el desarrollo de nuevas variedades”, ha añadido.

Y ha recalcado que el uso de semilla certificada “es una garantía para el agricultor”, ya que tiene controlada su identidad varietal, su germinación, su sanidad “y por lo tanto su uso es una inversión no un gasto”.

Por su parte, el presidente sectorial de cultivos herbáceos de Coooperativas Agro-alimentarias de España, Juan Carlos Bermejo, ha defendido el convenio firmado con los obtentores “porque creemos que la semilla es el insumo más importante”, ya que no es de los que tiene mayor coste para el agricultor y el que “hace avanzar en productividades”.

Asimismo, ha comentado que se firmó para cumplir una normativa europea sobre uso de semillas certificadas del año 1994, y porque a la entidad que representa le interesa “que los agricultores dispongan de insumos buenos, muy productivos, y que avancemos en la legislación y en nuestro trabajo”.

En similares términos se ha pronunciado el secretario general de Asaja de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, que ha afirmado que “hay que acogerse a la normativa y nosotros queremos estar en el lado de la legalidad”, aunque ha puntualizado que “lo que tenemos que hacer es que la ley sea lo más suave posible para el agricultor”.

Sin embargo, la organización agraria COAG ha expresado su rechazo al convenio, porque considera que “enmascara un afán desmedido de lucro de las empresas de semillas”. En una nota de prensa, COAG ha calificado de “injusto y abusivo el pago de los agricultores de un canon anual durante 25 años por la reutilización de sus propios granos como semillas, por el mero hecho de una procedencia anterior como semilla certificada protegida”.

Para esta organización agraria, que ya ha manifestado en el pasado su descontento, “el agricultor ya paga un alto coste por la compra de semillas certificadas con un precio que triplica el precio del grano”, por lo que ha aseverado que el convenio legitima “un abuso que enmascara un afán desmedido de lucro, atentando contra los intereses de miles de agricultores en nuestro país”.

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