Normas para evitar el fraude alimentario

La Unión Europea insta a las empresas a incorporar el control de materias primas y de productos procesados para evitar el fraude alimentario
fraude alimentario

En el último informe de la Comisión Europea sobre el fraude alimentario, de 2015, 108 casos fueron intercambiados por la Red de Fraude Alimentaria (FFN), que facilita la cooperación transfronteriza. De estos, 12 fueron intercambiados a través del sistema AAC (Administrative Assistance and Cooperation), que fue lanzado en noviembre de 2015, y que consiste en una herramienta informática dedicada a la tramitación de los casos que requieren asistencia administrativa. Los mayores fraudes detectados en la UE en 2015 estuvieron relacionados con etiquetado incorrecto (36%), exportaciones ilegales (18%), y tratamientos y/o procesos prohibidos (13%).

La UE ha aumentado el control analítico oficial y incorpora en el Informe que el propio sector alimentario incorpore sus controles en las materias primas, proveedores y trazabilidad para evitar el fraude. Del mismo modo la Comisión insta a los Estados Miembros a incrementar las sanciones a los operadores que cometan algún tipo de fraude alimentario. El sector ha tomado medidas ante el fraude introduciendo en sus últimas versiones de BRC y IFS requisitos donde incluyen una evaluación del riesgo de las materias primas y de los procesos subcontratados, de manera que se minimice el riesgo de introducir materias primas fraudulentas en el proceso de producción. Los protocolos certificables BRC y IFS aumentan la seguridad y la confianza de los clientes y consumidores ya que las empresas que poseen estos certificados han tomado medidas para evitar el fraude.

Punto de inflexión

Una vez alcanzados niveles de calidad y seguridad alimentaria por parte de las empresas alimentarias gracias a la existencia de un marco normativo detallado, ahora es necesario implantar sistemas que garanticen la eliminación del fraude alimentario. La gran crisis que supuso la venta de carne de caballo por carne de ternera en 2013 en toda la UE fue el punto de inflexión a partir del que la UE propuso un plan de acción para abordar las deficiencias identificadas en la cadena de suministro de alimentos en Europa.

El objetivo de este plan de acción consiste en restaurar la confianza de los consumidores y los comerciantes mediante el establecimiento de controles para luchar contra las prácticas fraudulentas. Este plan de acción se utilizó como base para una Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre crisis alimentaria, fraude en la cadena alimentaria y control correspondiente (2013/2091(INI)).

El concepto de fraude alimentario es un término que se utiliza para definir aquellas conductas o acciones realizadas de forma intencionada y con ánimo de lucro en que determinados operadores fabrican y/o comercializan alimentos que no son auténticos, es decir, que no responden a las expectativas de los consumidores o de otros operadores del sector agroalimentario.

Estos tipos de comportamiento abarcan la falsificación y la adulteración de alimentos o ingredientes alimentarios, las declaraciones o presentaciones falsas, engañosas, ilegibles u omitidas en el etiquetado de los envases o en la rotulación de los embalajes, así como la presentación engañosa de dichos envases o embalajes. También incluye la defraudación en la cantidad (peso, volumen o unidades) declarada u ofertada.

Es necesario que las empresas y los consumidores estén protegidos contra los comportamientos desleales de empresas que no respetan las obligaciones reglamentarias creando de esta manera un perjuicio económico que falsea las reglas de la competencia. La protección de los intereses económicos de todos los implicados en la cadena agroalimentaria, en relación con la conformidad y calidad de los productos y asegurar la transparencia y competencia leal de las transacciones comerciales, es el control oficial en materia de lucha contra el fraude en los productos alimenticios.

El sector en cifras

El Informe anual de la industria alimentaria española periodo 2014-2015 señala que en la UE, la industria alimentaria es la principal industria manufacturera, representando el 14,6% de las ventas y un valor superior a los 1.244.000 millones de euros, con un incremento del 17,1% respecto al año anterior.

Cuenta con unas 289.000 empresas que dan empleo a 4,22 millones de personas. La industria alimentaria española respecto el resto de industria alimentaria europea ocupa el quinto puesto en valor de ventas con un 7,5%, tras Alemania (14,1%), Francia (12,8%), Italia (10,6%) y Reino Unido (9,1%).

Establecer medidas contra el fraude alimentario debe ser una prioridad del sector ya que provoca la pérdida en la confianza y la credibilidad del consumidor, y como consecuencia la perdida de ventas.

Protocolos certificables

Las empresas alimentarias que deciden certificarse con uno o varios de los protocolos certificables como la IFS o la BRC deben incorporar una evaluación del riesgo tanto de materias primas como de proveedores para minimizar la introducción de materias fraudulentas en procesos de fabricación ya seguros gracias a los controles establecidos. En la norma BRC ya desde el 2011 se tenía presente en sus requisitos la adulteración. En su versión 7 podemos observar como hace referencia al fraude alimentario en varios requisitos:

3.5.1.1-La empresa deberá llevar a cabo una evaluación de riesgo documentada de cada materia prima o grupo de materias primas, incluidos los envases, con el fin de identificar los riesgos potenciales para la seguridad, la legalidad y la calidad del producto. Esta deberá tomar en consideración la posibilidad de:

  • Contaminación por alérgenos
  • Riesgos por presencia de cuerpos extraños
  • Contaminación microbiológica
  • Contaminación química
  • Sustitución o fraude. 

5.4.2.-Se deberá realizar una evaluación de vulnerabilidades documentada en todas las materias primas o grupos de materias primas para evaluar el riesgo potencial de adulteración o sustitución. Esta deberá tomar en consideración:

  • Evidencia histórica de sustitución o adulteración.
  • Factores económicos que pueden lograr que una adulteración o sustitución sea más atractiva.
  • Facilidad de acceso a materias primas en la cadena alimentaria.
  • Sofisticación de las pruebas rutinarias para identificar adulterantes.
  • Naturaleza de las materias primas.

La evaluación de vulnerabilidades se deberá someter a revisión con objeto de reflejar los cambios en las circunstancias económicas y la información sobre el mercado que pueda alterar el riesgo potencial. Se deberá revisar formalmente cada año.  

En el protocolo IFS no se especifica tan claramente la lucha contra el fraude pero lo podemos ver en los puntos:

4.4.5.- Se verificará que los productos comprados cumplan con las especificaciones existentes y su autenticidad, basada en un análisis de peligros y una evaluación de los riesgos asociados. La planificación de estas comprobaciones deberá, como mínimo, tener en cuenta los criterios siguientes: requisitos de producto, estatus del proveedor (según su valoración) e impacto de los productos adquiridos sobre el producto final. También se comprobará el origen si se menciona en las especificaciones.

5.6.8.- Basado en un análisis de peligros, evaluación de los riesgos asociados y en cualquier información externa e interna sobre los riesgos del producto que puedan tener un impacto en la seguridad alimentaria y/o calidad (incl. adulteración y fraude), la compañía actualizará su plan de control y/o tomará medidas apropiadas para controlar el impacto en el producto final.

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