La UE quiere acabar con los lobbies alimentarios ocultos

La Comisión Europea exige reforzar el Código de Conducta de los grupos de presión de la industria alimentaria e intensificar el control de calidad
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A.R. | REDACCIÓN

La industria alimentaria vive tiempos convulsos. A la vista de evidencias científicas que afectan un buen número de productos alimenticios, así como  también recomendaciones que tienen que ver con la dieta diaria y límites máximos tolerables para tóxicos o niveles microbiológicos, ambos en permanente revisión a la baja, determinados grupos de presión se han mantenido prácticamente inamovibles en posturas conservadoras o han ofrecido una resistencia al cambio muy por encima de lo que sería razonable.

El conservadurismo de estos grupos ha llegado a tal extremo, se dice en círculos de la Comisión Europea, que se han llegado a bloquear leyes o iniciativas asociadas a la promoción de hábitos y estilos de vida saludables. El caso más llamativo, insisten las mismas fuentes, son las distintas propuestas legislativas relativas a la concentración de azúcar en refrescos, que no han prosperado de acuerdo a los requerimientos de distintos paneles científicos.

Pero donde ha saltado la alarma que desde la Comisión se considera excesiva es en el Registro del Código de Conducta para grupos de presión, invariado desde hace años pese a los cambios registrados a nivel de conocimiento científico  técnico y a las nuevas tendencias sociales. Los grupos de presión insisten en que no es necesario avanzar demasiado en esta línea, algo que ha contrariado tanto al legislador como a representantes de distintos estados miembro.

Margarida da Silva, miembro de la Comisión, alerta en una nota hecha pública recientemente, que algunos de los grupos de presión escapan al control del organismo regulador europeo, lo cual puede llevar a que operen al margen de las directrices comunitarias. “La Comisión debe recorrer aún un largo camino para lograr una mayor transparencia” en la operativa de los grupos de presión, lamenta Da Silva.

Batalla encubierta

Las grandes compañías se muestran reticentes a compartir su información a través de grupos de presión preceptivamente registrados como tales en la Comisión Europea. Pese a los esfuerzos comunitarios por implementar un registro de “obligado cumplimiento” a través de  la Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation, distintas compañías han mostrado abiertamente su negativa a participar.

Por su parte, el organismo europeo ha denunciado que muchas de las empresas organizadas en grupos de presión al margen de la CE, se están aprovechando de “vacíos legales” con el fin de establecer alianzas comerciales más o menos confidenciales, pero siempre al margen de cualquier mecanismo de control.

Así las cosas, distintas agrupaciones empresariales han sido acusadas públicamente de entorpecer, cuando no de bloquear directamente, normas y leyes comunitarias destinadas a limitar la presencia de azúcar en distintos productos, desde la bollería industrial, en la que se persigue igualmente el exceso de grasas, hasta las bebidas azucaradas, de las que la evidencia científica muestra como están contribuyendo de forma decisiva a la epidemia de sobrepeso y obesidad, especialmente entre niños y adolescentes.

Del mismo modo, la propia Comisión ha sido acusada de ceder a los intereses de la industria. Destaca por su importancia, la acusación de haber entorpecido la regulación de compuestos para los que se ha demostrado que actúan como disruptores endocrinos y, como consecuencia, con un alto potencial tóxico en salud humana. Muchos de estos compuestos son usados de forma habitual en la industria.

La industria del lobby

Al igual que ocurre en Estados Unidos, donde los grupos de presión están regulados y se admite su presencia cerca de las esferas de poder, Europa mantiene abierta esta vía de entrada para que compañías de distintos sectores puedan agruparse y defender conjuntamente sus intereses. Ocurre con la automoción, la energía, las farmacéuticas y, por supuesto, en el ámbito de la alimentación.

A menudo, estas agrupaciones empresariales han generado polémica por su fortaleza económica y por la enorme influencia que pueden llegar a ejercer sobre las instituciones públicas y los partidos políticos. Si bien es cierto que contribuyen a la difusión de temas de interés para el consumidor, no es menos cierto que no siempre queda claro el límite de su influencia en normativas y regulaciones que benefician a las grandes corporaciones en detrimento del interés general.

De ahí que la Comisión Europea presione, de un lado, para defenderse de unas influencias que acabarían condicionando las políticas europeas, y del otro para que grupos de interés ahora ocultos por vacíos legales emerjan a la luz pública y se sometan a la norma común. Las empresas, por su parte, exigen que la CE clarifique qué se entiende por grupo de presión y cuáles son las normas para participar legalmente en ellos. Solo así, se argumenta desde ambos bandos, se ganará en transparencia.

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