Alerta contra el fraude alimentario

El consumidor medio suele tener dificultades para identificar un fraude alimentario cuando no tiene efectos tóxicos
control y análisis
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La identificación de un fraude alimentario no nocivo por parte del consumidor no es tarea fácil, máxime cuando el defraudador crea una falsa apariencia de legalidad externa o utiliza métodos complejos u ocultos para la producción de alimentos que únicamente pueden detectarse mediante el empleo de medios técnicos o analíticos que están fuera del alcance doméstico.

En muchas ocasiones la intencionada confusión generada por un empresario poco escrupuloso viene sustentada por la escasa capacidad de reacción del consumidor frente al fraude por una falta de información, de formación o de conocimiento de las características del producto adquirido con respecto al que pretendía adquirir. Y es que muchas veces, lo ofrecido en el mercado nada tiene que ver con las características del producto promocionado o con las que se le suponen, atendiendo a su denominación. La confusión principal en este caso deriva de denominaciones o de informaciones fraudulentas que aparecen en el etiquetado del alimento, ya sea como denominación final del producto o como composición del mismo. 

El arroz basmati y otros alimentos supuestos

El primer estudio de ADN del arroz basmati vendido en el Reino Unido, y realizado por la Food Standards Agency (FSA) en 2002, llegó a una sorprendente conclusión: sólo el 54 por ciento de los envases etiquetados como “arroz basmati” contenía verdaderamente dicho producto, una especie cultivada en torno a las llanuras del Ganges en el norte de la India y el Pakistán oriental. Y es que con respecto a las otras muestras, podía comprobarse que habían sido mezcladas con algunas variedades de calidad inferior en más de un 60 por ciento. El fraude a los consumidores con respecto a este producto fue cifrado por un funcionario de la FSA, y para todo un año, en unos cinco millones de libras.

La cuestión del fraude alimentario en el Reino Unido, tal y como pudo comprobarse, no afectaba sólo al arroz, sino a múltiples alimentos, entre ellos el whisky, la ginebra, el zumo de frutas, el queso, la carne, el pescado y el café, entre otros muchos, y el método utilizado era envasar producto aparentemente de mayor calidad con marcas o calidades inferiores a las publicitadas.

En otras ocasiones la defraudación afectaba a grupos de alimentos que presentaban una mayor demanda, como los alimentos ecológicos, generalmente de mayor precio en el mercado. El perjuicio principal para el consumidor era de carácter económico, pues pagaba por un alimento de inferior calidad mucho más de su valor real.

Sin embargo, el asunto puede tener trascendencia para la salud y la seguridad del consumidor si la elección del producto en cuestión lo es por razones saludables o nutritivas y realiza un consumo continuado fundamentado en unas supuestas propiedades de las que carece.

Control a las adulteraciones alimentarias

El acceso a técnicas científicas cada vez más baratas y el desarrollo de procesos respecto a pruebas de ADN puede plantear nuevas obligaciones para las empresas del sector alimentario, incluso para los comerciantes minoristas que tienen contacto directo con el consumidor final. La cuestión ha surgido a raiz de las conclusiones de las autoridades del Reino Unido respecto a la investigación llevada a cabo en reclamaciones de fraude sobre el origen de determinados alimentos.

Lac FSA presentó en 2007 su primer informe anual sobre la cuestión y puso de relieve la labor que se está realizando para desarrollar métodos de ADN que permitan verificar las características promocionadas de los alimentos. Las pruebas disponibles ya incluyen la identificación de determinadas especies de pescado y de carne con el fin de verificar la transformación de pescado o de productos a base de carne, de control de la adulteración de trigo duro en la pasta con trigo blando y de la utilización de variedades de arroz barato en el arroz basmati, así como la detección de la adulteración de jugos de cítricos con otros zumos de frutas. La FSA está también trabajando en el desarrollo de pruebas científicas para identificar la carne en alimentos vegetarianos y aquellos alimentos que no hayan sido producidos ecológicamente.

En este sentido, las autoridades británicas consideran que las empresas alimentarias deberán cambiar su enfoque sobre el control de los productos alimenticios respecto a aspectos fundamentales como la autenticidad de los ingredientes o la presencia de organismos modificados genéticamente (OMG), dado que disponen de pruebas científicas para comprobar las reclamaciones sobre las especies de carne, pescado o vegetales utilizados, el método de cultivo o cosecha.

La cuestión es que a la luz de los resultados, y ante la evidencia del fraude alimentario respecto al origen o composición de ciertos alimentos, las autoridades alimentarias advierten sobre la responsabilidad de todos los intervinientes a lo largo de la cadena alimentaria respecto a la garantía de los sistemas de calidad, seguridad y trazabilidad de los productos. Y es que quien recibe un producto elaborado por un tercero, que es su proveedor, debería asegurarse que lo que distribuye o vende al consumidor final es realmente lo que figura en la etiqueta y no otro producto de inferior calidad o con una composición no aceptada por el consumidor final. De lo contrario se corre un riesgo cierto de mala publicidad, que puede afectarle económicamente, o incluso a posibles responsabilidades judiciales.

Ley antifraude de comida kosher

El fraude alimentario afecta también al ámbito religioso, cuyos fieles tienen sus propias expectativas de consumo respecto a los alimentos que ingieren y a las características que deben de cumplimentar para obedecer a sus normas religiosas. Uno de los antecedentes lo localizamos en la ley antifraude de la comida kosher en Nueva York. En 1915 fue promulgada en esta ciudad la primera ley antifraude para este tipo de comida como respuesta a las inquietudes de la creciente comunidad judía ortodoxa. El estado de Nueva York, con una población judía de 1,7 millones de habitantes, es el segundo mayor productor de alimentos kosher después de Israel.

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La norma en cuestión constituyó un intento de poner orden en esta creciente industria y proteger a los consumidores que pretenden acceder a este tipo de alimentación permitida por su religión. Además fue modelo para otros 19 estados. La ley creó requisitos de etiquetado, un sistema de inspecciones para los productos kosher vendidos en mercados y estableció un sistema de sanciones por la venta fraudulenta. El primer asunto por fraude de alimentaciónkosher tuvo lugar en 1916, cuando el propietario de una tienda neoyorquina fue declarado culpable por haber vulnerado la norma. En su descargo alegó que la norma era inconstitucional.

El asunto de la inconstitucionalidad de la ley con el tiempo llegó a los tribunales, y los jueces, en algunas resoluciones, revocaron la totalidad de la norma antifraude kosher con una única excepción, la que obliga a los comerciantes a revelar la autoridad rabínica que certifica sus productos como tales. Esta necesidad certificadora de un alimento como kosher no es de interés exclusivo para la población judía, cuyos consumidores representan menos del 30% de los consumidores de este tipo de comida. La necesidad de poder identificar al producto como kosher y la autoridad rabínica que así lo ha declarado afecta actualmente a musulmanes, que muchas veces se ven privados de comida halal, y a otras poblaciones con similares necesidades religiosas, a personas con ciertas restricciones dietéticas especiales y a otros que prefieren este tipo de alimentación como símbolo de pureza.

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